Como punto de partida es necesario determinar que se considera, según la RAE, el termino prestación como “Cosa o servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal.” La relación de este concepto con la legislación de España nace en el articulo 512 del Código penal, que penaliza la no prestación de un servicio. Así mismo, este articulo incluye un componente que relaciona el trato diferencial con el hecho discriminatorio. De esta manera, la legislación prevé a este como un delito especial del que solo pueden ser autores profesionales o empresarios, quienes a su vez atentan contra el derecho a la igualdad por los motivos discriminatorios.

La discriminación a la población migrante y/o racializada en el acceso a lugares de ocio públicos o privados  tiene implicaciones penales para quienes la realizan. Esto quiere decir que la autonomía de la voluntad privada que se materializa en el derecho de admisión debe implementarse de conformidad y teniendo en cuenta los limites del principio de no discriminación; en ese sentido, el derecho de admisión puede contemplarse desde una doble perspectiva:

El derecho de la propiedad del establecimiento a fijar determinadas limitaciones en cuanto al acceso.

El derecho del público en general a acceder al establecimiento cumpliendo con lo señalado en las condiciones (no discriminatorias) de acceso.